Secretos Industriales

Los Secretos industriales están protegidos en términos de la Ley de la Propiedad Industrial de 1991.

Definición de un secreto industrial

Un secreto industrial es cualquier información que guarde una persona física o moral que:

  • Sea de naturaleza confidencial;
  • Se relacione con la naturaleza, características, propósitos de los productos, métodos de producción o procesos, o vías o medios de distribución, mercadeo de productos o servicios prestados;
  • Esté asociada al aseguramiento o conservación de una ventaja competitiva;
  • Esté sujeta a sistemas o medios para preservar su confidencialidad;
  • Se mantenga en documentos, medios electrónicos, magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Creación de derechos

No existe un procedimiento para registrar secretos industriales. Los derechos se crean por la existencia del secreto industrial.

Mantenimiento de derechos

Un secreto industrial está protegido por todo el tiempo que dure la disposición contractual que lo establezca.

La información no será considerada secreto industrial si se vuelve pública, es obvia para un experto en la materia o revelado por cumplimiento de la ley o de un mandamiento judicial (excepto en lo señalado a continuación).

Un secreto industrial permanece protegido si es revelado a una autoridad con el propósito de obtener una licencia, permiso, autorización, registro o similares.

Si un secreto industrial es revelado en un procedimiento judicial o administrativo, la autoridad adoptará las medidas necesarias para mantener el secreto.

La información que tenga que ser revelada para establecer la seguridad de productos farmacéuticos o químicos agrícolas estará protegida por tratados internacionales específicos.

Cesión y licenciamiento

El titular de un secreto industrial puede transmitirlo o autorizar su uso por un tercero. Un usuario autorizado tiene la obligación de no revelar el secreto industrial por ningún medio. En acuerdos en los cuales la asistencia técnica sea prestada, pueden ser incluidas cláusulas de confidencialidad para proteger secretos industriales.

Aplicación de derechos

El titular de un secreto industrial puede presentar una acción civil por daños y perjuicios contra una persona que obtiene el secreto de la siguiente forma:

  • Por razones de trabajo, empleo, puesto, práctica de su profesión o relación de negocios (si se le ha advertido sobre la confidencialidad del secreto);
  • Mediante la contratación de un trabajador que labore o que haya trabajado para otra persona que tenga acceso al secreto industrial con propósitos de obtener el secreto industrial;
  • Por cualquier otro medio ilícito.

En adición, es un delito:

  • Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí mismo, un tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto.
  • Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado para usarlo o revelarlo a un tercero con el propósito de obtener un beneficio económico para sí mismo, un tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado.
  • Usar la información contenida en un secreto industrial por medio de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión, relación de negocios; sin el consentimiento de su usuario autorizado, que le haya sido revelado por un tercero entendiendo que éste no contaba con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, el usuario autorizado con el propósito de obtener un beneficio económico, causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o al usuario autorizado.

Los delitos mencionados anteriormente serán procesados en un tribunal federal por la Procuraduría General de la República (PGR), mediante la presentación de una querella por parte de la parte agraviada. El tribunal puede encarcelar al demandado de dos a seis años e imponer un multa por el importe de 100 a 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (aproximadamente entre USD $460 y USD $46,000).